El Fiscal de Entre Ríos, Santiago Alfieri, compartió sus opiniones sobre la implementación de la ley de desfederalización del narcomenudeo en una entrevista con Radio Mitre Santa Fe. Durante la conversación, Alfieri proporcionó información crucial sobre cómo la provincia ha abordado esta problemática y los desafíos que enfrentan en la lucha contra el narcotráfico a nivel local.
Alfieri comenzó explicando la razón detrás de la adhesión de Entre Ríos a la ley de narcomenudeo en 2018, señalando que "la legislatura provincial consideró políticamente conveniente abordar el problema en colaboración con la justicia federal". Destacó que la ley no busca establecer una competencia exclusiva provincial, sino más bien "coordinar esfuerzos para combatir la venta directa de drogas a consumidores en la jurisdicción".
El Fiscal subrayó la eficiencia de esta estrategia, que permite a la policía local y provincial llevar a cabo operaciones de persecución contra la comercialización de pequeñas cantidades de drogas directamente a consumidores. Afirmó que "el enfoque principal en Entre Ríos está en cortar los kioscos de drogas, que son un componente clave del narcotráfico en la región".
Cuando se le preguntó sobre el impacto de la Ley de Desfederalización en la fiscalía, Alfieri destacó que "se ha producido un aumento en la carga de trabajo, pero que esto ha sido abordado mediante una reorganización de recursos y una mejora de la infraestructura policial, incluyendo la creación de un laboratorio de análisis de sustancias de secuestro".
Respecto a la pregunta sobre la cantidad de casos manejados desde la implementación de la ley, señaló que la fiscalía no tenía cifras precisas, pero explicó la dinámica detrás de las investigaciones. "El objetivo principal es abordar la venta de drogas y los puestos de venta (bunkers), aunque ocasionalmente se descubren casos de tenencia de drogas para consumo personal".
En cuanto a la baja tasa de condenas en casos de narcomenudeo a nivel nacional, Alfieri argumentó que esto podría deberse a la focalización en los eslabones iniciales de la cadena de distribución y la dificultad de obtener condenas en casos de tenencia simple de drogas, que a menudo se archivan o se manejan con suspensión del juicio de prueba. "podría ser necesario reconsiderar las penas en el futuro, ya que las penas mínimas actualmente comienzan en cuatro años, lo que dificulta la implementación de salidas alternativas".
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