La salida de la secretaria de Administración Financiera del Ministerio de Seguridad, Ana Morel, marca un nuevo cambio de etapa en esa cartera. Urgido por las demandas derivadas de la grave situación de seguridad pública en el Gran Rosario, el gobierno busca imprimirle gestión y capacidad de resolución a un área que hasta aquí sólo le trajo dolores de cabeza.

Morel fue un factor de conflicto con los tres ministros que ya pasaron por el área desde diciembre de 2019 a la fecha. Sain en su momento logró que el gobernador la sacara, pero al cambiar el ministro volvió. También Rimoldi planteó que no podía trabajar con ella y puso en duda su continuidad en su momento. Es la funcionaria que el año pasado protagonizó un espectáculo sin antecedentes institucionales cuando concurrió a la Cámara de Diputados para ser interpelada junto con el ministro Rimoldi. Así todo, el gobernador la sostuvo hasta ahora, sopesando costos políticos, confianza y la eficiencia que le reconoce a la secretaria saliente.

En su reemplazo llega Gustavo Bode, un funcionario que, dicen en la Casa de Gobierno, lo caracteriza el mismo celo normativo para el manejo de los recursos que en el caso de Morel, pero a diferencia de ésta “tiene criterio político”.

Quienes se enfrentaron con Morel le reconocen un manejo administrativo “perfecto”, “irreprochable” y un estricto apego a las normativas. Sin embargo, para los ministros con los que le tocó trabajar era excesivamente estricto, tanto que “entorpecía las soluciones”. Hasta ahora el gobernador privilegiaba lo primero, más desde que la compra de motos y el intento millonario de adquisición de armas quedaron bajo investigación judicial.

Las dificultades operativas que su apego normativo provocó en Seguridad y la falta de respuesta llevaron a que el gobernador cediera a la postura de quienes hace rato en el gobierno le pedían correr a Morel.

Las muy demoradas adquisiciones de chalecos antibala, de los helicópteros no tripulados RUA 160 para vigilancia y los inhibidores de señales de celulares para las cárceles son los ejemplos que citan en el gobierno para explicar las dificultades que se sucedieron, teniendo en cuenta que hay vigente una ley de seguridad que facilita las compras y al tiempo que la calle arde.

La licitación de 5.500 chalecos antibala está a punto de caerse. A Morel le reprochan que teniendo la ley de emergencia de seguridad el proceso de compra se demoró más de seis meses por “excesivo celo administrativo” a lo que se sumó que cuando el dólar empezó a moverse a fin de año, y Morel exigió entregas rápidas, el proveedor (Sucesión de Cuppari Francisco SA) tomó sus lógicos recaudos.

Los chalecos, según explican quienes conocen el tema, tienen una cadena de valor que incluye componentes importados, por lo cual la disposición de divisas para que el proveedor obtenga los insumos en tiempo y forma es determinante. Nadie trabaja con promesas de pago, afirman, menos en un mercado muy acotado como el de la seguridad. Las demoras incluso hicieron que se perdieran los turnos reservados en la Facultad del Ejército que hace el testeo de una primera partida.

La compra de los helicóptero RUA se dio en el marco de los convenios con el Invap. Desarrollo nacional, pero con tiempos que no son los de la urgencia que demanda Rosario, según dicen los funcionarios más críticos. Ese convenio no es responsabilidad de Morel, pero también en esa adquisición no se avanza sin la disposición de los recursos para adquisición de insumos importados.

El mismo problema se menciona como responsable de que no se tenga todavía los inhibidores de señales de las cárceles, siendo que hace años las investigaciones judiciales vienen mostrando que gran parte de la violencia que se despliega en la calle se origina en planificación de crímenes y órdenes que salen desde las unidades penales. Los inhibidores que están en proceso de adquisición desde el año pasado recién estarían llegando a mediados de 2023.

El corrimiento de Morel no necesariamente es la solución a los problemas. “Se requiere gestión, acelerar la gestión en el Ministerio de Seguridad”, reclamaba este viernes un funcionario de la Casa Gris tras conocerse la renuncia.

El tema de los chalecos es el más preocupante en estas semanas, porque salen cadetes nuevos (más de 1.500 en diciembre) y no hay suficientes chalecos para todos. En la actualidad es imposible mandar un policía a la calle sin esa cobertura.

Por eso, ante la muy posible caída de la compra de los 5.500 que tramitó Morel, el ministro Rimoldi dijo la semana pasada que “se analiza un concurso de precios por necesidad y urgencia para la compra de forma inmediata”.

Sin embargo, sobre esa opción hay quienes advierten que no será tan fácil ni tan rápido. “Averigüen los tiempos de entrega y si existe en todo el país un arsenal con mínimo 2.000 chalecos para el próximo trimestre”, dijo una voz del oficialismo que está en el tema y que, obviamente, ya conoce la respuesta. Otra alternativa que está sobre la mesa es sacar los chalecos del personal en tareas administrativas o no operacionales y transferirlos a quienes salen a la calle.