“La AFI santafesina” contará con distintas áreas que funcionarán bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y tendrá control parlamentario. El organismo queda habilitado a “realizar interceptaciones o captaciones de comunicaciones privadas, seguimientos fotográficos, filmográficos y espionaje acústico” y prevé el uso de fondos reservados, aunque penaliza el “uso indebido” de la información recolectada, lo que se considera una falta grave en el texto de la norma. “La ley de Inteligencia nos permite avanzar con acciones que son importantes para aplicar la ley de microtráfico y sobre las violencias altamente lesivas”, explicaron desde el Ministerio de Seguridad.

El Sistema de Inteligencia y Análisis para la Prevención del Delito fue aprobado en la Legislatura provincial durante la última sesión del 2023, en el marco de un paquete de leyes enviado por el gobernador Maximiliano Pullaro a partir de su asunción, y que persiguen un mismo objetivo: poner en marcha su plan de seguridad. Allí se contempla la sanción de la emergencia en seguridad pública, la adhesión a la ley nacional de narcomenudeo y cambios en la ley orgánica del Servicio Penitenciario, entre otras. La normativa fue aprobada con el acompañamiento de la oposición, aunque no sin reparos y debates previos.

La ley de inteligencia tiene como objetivo fijar las “bases jurídicas, orgánicas y funcionales que regulen la actividad de producción y gestión de información para la prevención del delito”. Es decir, regular la “producción, obtención, reunión, sistematización y análisis de la información, referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que puedan afectar la seguridad de la Provincia, sus habitantes, empresas e instituciones para producir conocimiento destinado a orientar la formulación y ejecución de políticas en materia de seguridad pública, ciudadana y democrática”.

El sistema estará conformado por tres organismos. Por un lado la Subsecretaría de Inteligencia Criminal, que busca producir conocimiento sobre fenómenos delictivos y a partir de allí generar políticas de seguridad pública. Entre otras atribuciones, será el área encargada de “elaborar informes de inteligencia criminal en sus distintos niveles” así como también “asistir y asesorar” al Ministerio de Justicia y Seguridad, a través de un diagnóstico actualizado de fenómenos delictivos.

En tanto, la Dirección Provincial de Información Patrimonial estará a cargo de los fenómenos económicos delictivos y de lavado de activos, mientras que la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (CIOPE) tiene como objetivo diseñar información para la definición de decisiones estratégicas, que luego pueden derivar en una investigación. Ambos organismos dependen de la Subsecretaría de Inteligencia Criminal.

Desde el Ministerio de Seguridad explicaron a Suma Política que la CIOPE es “el brazo operativo que puede llevar adelante trabajos de campo para juntar información que sea relevante para avanzar en la prevención del delito”. Todas las áreas trabajan de forma articulada y, cuando sea necesario, la información puede derivarse al ámbito de la Justicia. No obstante, remarcaron que el objetivo de la ley es trabajar en materia de prevención: “Eso es novedoso. No pensamos en una ley que junte elementos para el proceso acusatorio, sino que permite producir y gestionar información para prevenir el delito”.

Actividades, alcances y funciones

El texto de la norma habilita a “realizar interceptaciones o captaciones de comunicaciones privadas, seguimientos fotográficos, filmográficos y espionaje acústico” cuando sea necesario, aunque solicitando la correspondiente autorización judicial. Pero además se insta a la Subsecretaría de Inteligencia Criminal a elaborar “los protocolos correspondientes” para su implementación.

No obstante, previamente se aclara que queda prohibida la obtención o generación de información “por razones étnicas, religiosas, ideológicas, de género, políticas, de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, empresariales, cooperativas, asistenciales, culturales y laborales, en especial la periodística, como así también por cualquier actividad lícita que desarrollen en su ámbito privado”. La aclaración no es menor y va en sintonía con evitar la posibilidad de que se generen situaciones de espionaje ilegal.

Abstenciones totales y parciales

En el tratamiento Legislativo la nueva normativa tuvo consenso: todos los bloques coincidieron en la importancia de regular en materia de investigación criminal. En Diputados la ley fue aprobada por todos los legisladores y solo contó con la abstención de Alejandra Rodenas, del bloque Compromiso Justicialista. En su argumentación, la diputada explicó frente a sus pares que la idea de prevención del delito aparece amplia y sin límites.

“Se puede hacer, en el marco de esta ley, inteligencia sobre absolutamente cualquier situación y persona”, expresó y agregó: “Cuando se propone un sistema de inteligencia criminal, se trabaja sobre un horizonte mucho más recortado, ajustado a un objeto de investigación. Es un horizonte donde hay sospechas de un hecho criminal o bien un hecho criminal en investigación”.

En ese sentido, Rodenas señaló que la ley autoriza a realizar investigaciones sobre hechos, situaciones o circunstancias que las autoridades políticas califiquen como posibles delitos, para después decidir si dan intervención a la Justicia. Para la legisladora, la mecánica debería ser la inversa: “Si surge un hecho que pudiera ser tipificado como delito, inmediatamente debe hacerse intervenir a la Justicia, de la que la policía es auxiliar, y a partir de allí la investigación pasa a ser dirigida por el funcionario judicial. Y esto no puede dejar de estar expresamente dispuesto en el proyecto”.

Al respecto, desde el Ministerio de Justicia insistieron en que la ley “no junta elementos para un proceso acusatorio”, sino que trabaja en la prevención del delito: “Se trabaja sobre hipótesis y supuestos a partir del análisis de casos que van pasando, no se juntan elementos para un proceso que lleva adelante la Justicia. Pero si luego hay elementos que hacen presumir que debe investigar la Justicia, hay un trabajo articulado. Pero la ley de inteligencia es una ley para prevención del delito, hacemos análisis de inteligencia criminal”.

En tanto, el diputado Carlos Del Frade argumentó su postura en diálogo con Suma Política. “Nosotros estábamos de acuerdo en lo conceptual y creemos necesario que haya regulación de las cuestiones de inteligencia en cada una de las provincias, porque si no se producen hechos nefastos como los que hemos sufrido en los últimos años, con denuncias cruzadas, así que es imprescindible regular”, explicó.

No obstante, recordó que desde el Frente Amplio para la Soberanía votaron a favor luego de una serie de modificaciones que se lograron introducir al proyecto, donde se limitan las atribuciones del Ejecutivo en la materia: “Para mí es muy importante que dentro del articulado de la ley se deje claro que todo lo que salga tiene que tener autorización del Poder Judicial. Y en forma simultánea, la creación de una comisión de seguimiento legislativo, para que no haya abusos y no se permitan estos carpetazos que no demuestran nada y ensucian a mucha gente”.

Si bien la postura del espacio fue a favor de la ley, presentaron algunos reparos. En primer lugar, a que la normativa no introduzca el concepto de “seguridad democrática”, pero también cuestionaron que haya un “acceso restringido” a la información. “Nosotros acompañamos la ley en general y en esas dos cosas nos abstuvimos”, expresó y agregó: “Para nosotros los principios de seguridad democrática admiten la existencia real de los tres poderes republicanos. Y después, cuando se menciona el acceso a la información siempre y cuando se demuestre interés legítimo, creemos que recorta la libertad de prensa y de información de toda la ciudadanía”, argumentó.

“Las actividades que la ley posibilita tienen que ver con hipótesis que vamos planteando en el marco del trabajo. Se puede ir obteniendo información, hacer análisis de bases de datos o realización de informes donde se plantean supuestos. Se hace un análisis que permite establecer patrones y evaluar qué es lo que puede pasar para evitar situaciones futuras de violencia y prevenir delitos”, detallaron desde la cartera de Seguridad.

La información generada o recolectada por el organismo tendrá distintos grados de clasificación. Será catalogada como “secreta” cuando pueda afectar gravemente los intereses de la provincia, o “confidencial” cuando pueda afectar parcialmente los intereses públicos, pero también de una persona, empresa o institución. En tanto, la información “pública” no reviste ningún tipo de afectación.

En ese marco, los integrantes del organismo, los funcionarios o las personas que “por su función o en forma circunstancial” accedan al conocimiento de esa información “deben guardar el más estricto secreto y confidencialidad”. La norma prevé sanciones para quienes “hicieran uso indebido de la información” y aclara que estarán cometiendo una “grave falta a sus deberes y les será aplicable el régimen sancionatorio vigente, sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles que pudieran corresponderles”.

La ley también establece que las partidas presupuestarias de las áreas serán públicas y que solo se podrán mantener reservados aquellos fondos cuya publicidad afecten el objeto de la normativa. “El presupuesto provincial prevé la asignación de fondos reservados al Ministerio de Justicia y Seguridad para afrontar los gastos operativos para el funcionamiento de la CIOPE que por su carácter reservado no pueden ser financiadas con gastos ordinarios”, aclara en el artículo 17.

Por último, el organismo será sometido a un control parlamentario a través de una comisión de seguimiento bicameral, compuesta por cinco diputados y cinco senadores. Los legisladores deberán fiscalizar que el funcionamiento del organismo se ajuste a las leyes vigentes y podrán requerir la información que consideren necesaria para ejercer su tarea de contralor.

“El control parlamentario sobre las acciones de inteligencia criminal garantiza que las actividades que se lleven se hagan en el marco de la ley”, señalaron desde el gobierno. Y agregaron: “Exige rendir cuentas a la Legislatura sobre las actividades que se hacen, con todos los resguardos que tiene que tener la situación, teniendo en cuenta que se trabaja con información reservada. La Legislatura nos puede convocar para que nosotros demos las explicaciones que ellos consideren”.