El proceso de juicio político a la Corte Suprema de Justicia de Argentina, impulsado por el presidente Alberto Fernández en enero de este año, ha sido una de las medidas más prolongadas en el tiempo de su mandato. Este proceso se basa en desacuerdos con ciertas decisiones de la Corte, como la cautelar a favor de la Ciudad de Buenos Aires en la disputa por la coparticipación y el rechazo de la reforma del Consejo de la Magistratura propuesta por el kirchnerismo. A lo largo del año, el oficialismo, liderado por La Cámpora, llevó a cabo sesiones maratónicas y recopiló información sobre supuestas irregularidades de los magistrados, ampliando así la plataforma acusatoria.

El cronograma de trabajo de la comisión preveía emitir un dictamen la próxima semana, pero esto coincidió con el tramo final de la campaña electoral, lo que llevó a cuestionamientos sobre la conveniencia de juzgar a jueces en pleno proceso electoral. La oposición, aprovechando la oportunidad para atacar al oficialismo, expresó su desacuerdo con este enfoque. El candidato opositor, Sergio Massa, evitó pronunciarse claramente sobre el fondo del asunto, lo que generó especulaciones sobre su posición frente a la Corte Suprema. El dictamen se aplazará después del balotaje, en un parlamento en plena reconfiguración.

Este proceso también ha tenido un impacto político, ya que los partidos de la coalición opositora, Juntos por el Cambio, se unieron para condenar la actuación del oficialismo en este tema y exigir explicaciones, incluso pidiendo el desafuero de Rodolfo Tailhade, quien acusa a Rosatti de estar detrás de una "operación". Este escándalo, que involucra a miembros de la Corte, políticos, empresarios y periodistas en un caso de espionaje, ha aumentado la controversia en torno al proceso de juicio político.

A pesar de que la mayoría kirchnerista de la comisión probablemente apruebe el dictamen acusatorio, es poco probable que obtenga los dos tercios de los votos en la Cámara para destituir a los jueces de la Corte. La composición de los bloques se redefine, lo que agrega incertidumbre al proceso. Esta situación plantea desafíos tanto para el oficialismo como para la oposición en un contexto político altamente polarizado.