Baños en estado deplorable, techos con filtraciones, ausencia total de climatización, puertas de acceso trabadas con baldes plásticos, comercios cerrados, lugares insuficientes en las salas de espera, pavimento roto en las dársenas y lugares de circulación, iluminación deficiente y un aspecto general de semiabandono es el panorama que ofrece hoy la Terminal de Omnibus de Rafaela, una de las vidrieras principales de la ciudad. El edificio fue inaugurado en 2009 y desde entonces está administrado por un concesionario privado, cuyo titular es Carlos Casinerio, que tiene un contrato por 30 años para regentear la administración de la Terminal.

Luego de la pandemia, que ocasionó un fuerte impacto en todo el sistema de transporte público de pasajeros y llegó a afectar el 95% de la facturación del concesionario durante más de un año y medio, el Ministerio de Transportes de la Nación firmó un convenio con algunos municipios para solventar gastos inherentes a la modernización de las estaciones de colectivos. La idea era "aggiornar" las infraestructuras existentes, adecuándolas a las nuevas formas de comercialización de tickets y de atención a los pasajeros.

Aquél convenio firmado incluyó a Rafaela, con un compromiso del Estado nacional de aportar lo necesario para esas obras de modernización. Sin embargo, el tiempo pasó, y el dinero nunca llegó, en parte debido a que generaba obligaciones financieras al Estado municipal.

Nuevo convenio

En ese marco, el intendente firmó, a principios de mayo, un nuevo convenio con el Ministerio de Transporte de la Nación. Y ahora necesita que el Concejo refrende ese convenio. Por eso el jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo, y el secretario de Desarrollo Urbano, Diego Martino, subieron al despacho de Presidencia del Concejo para mantener una reunión a puertas cerradas con el pleno de los concejales, con el fin de interiorizarlos sobre el alcance de ese convenio.

La reunión fue sin prensa. Lombardo admitió que fue un error, pero justificó esa decisión al mencionar que la idea era preservar la estrategia de negociación que habŕa con el concesionario a partir de ahora. Es que a los concejales se les está terminando la paciencia: hay varios que piensan seriamente en plantear la posibilidad de una rescisión del contrato de concesión.

Concretamente, el convenio establece que Nación aportará unos 112 millones de pesos, que se destinarán a un mejoramiento integral del edificio. Las obras implicarán la reparación de los techos, de las redes de cloacas y de otras instalaciones básicas. Pero también habrá una reconfiguración de espacios de circulación externa, se concentrarán los recibos y expedición de encomiendas en la parte Oeste; se reordenarán las playas de estacionamiento y se mejorará la iluminación interna. También se habla de agregar más locales comerciales.

Sin embargo, los concejales pusieron condiciones: no habrá aprobación de convenio si antes no hay un compromiso definitivo del concesionario de hacer su parte. Es que los ediles ven que el Estado aparece sosteniendo obras de mantenimiento que debería realizar el privado que usufructúa el beneficio de la concesión. Y quieren que el concesionario se haga cargo de otras inversiones, que si bien se hablaron en la reunión con Lombardo, no se hicieron públicas para no entorpecer las negociaciones que vendrán.

El tema urge porque la inflación se "come" los recursos prometidos por Nación, pero en el Concejo no hay intenciones de seguir haciendo la vista gorda ante los incumplimientos del concesionario. Se viene una reunión con los representantes del concesionario y a partir de allí se sabrá la suerte que correrá el proyecto de recuperar la Terminal para darle las condiciones que los pasajeros y los rafaelinos en general merecen.