En medio de la crisis habitacional, agravada por la situación económica que puso a los inquilinos antes situaciones muy difíciles de afrontar, en estos días se concretó finalmente lo que se temía desde hace semanas: la paralización total de las obras en los 48 departamentos del barrio San José, que se estaban ejecutando en el marco de una desarrollo urbanístico de la operatoria Procrear.

Hasta hace unos días se mantenían niveles de actividad, con obreros de la construcción todavía trabajando en el lugar, aunque a un ritmo mucho menor de lo que se estaba haciendo hasta noviembre del año pasado. Pero ya esta semana se vieron puertas cerradas con candados e inactividad total en el obrador.

Como sucede con casi todas las obras públicas sostenidas por aportes del Estado nacional, las obras en el San José entraron en el mismo limbo de incertidumbre total que afecta a esos proyectos. El plan "motosierra" está resultando devastador en ese aspecto, provocando dificultades en varios frentes: muchas empresas constructoras en crisis; puestos de trabajo en peligro o literalmente desaparecidos, y falta de soluciones para problemas acuciantes, como en este caso sucede con las viviendas.

En ese sentido, el anuncio de la eliminación de los fideicomisos sostenidos por el Estado nacional alcanza también a los proyectos de Procrear, como el del barrio San José. Lo peor es que no hay interlocutores ni funcionarios designados para atender estas problemáticas: las empresas no tienen puertas donde golpear en busca de respuestas, y lo mismo pasa con quienes en el interior gestionan obras de este tipo, como intendentes, concejales, o funcionarios locales. Nadie sabe ni contesta.

La cancelación del plan provincial

La otra mala noticia en este rubro la dio el gobierno provincial. De hecho, no fue comunicada públicamente, pero se supo que fue cancelado el proyecto de ejecutar 219 viviendas en el barrio 42. La licitación se había efectuado en 2022, y la había encabezado el gobernador Perotti. Desde entonces, la empresa adjudicataria, con la cual se firmó el contrato correspondiente, debió hacerse cargo de presentar un proyecto ejecutivo para desarrollar la urbanización de los terrenos -donde no hay calles abiertas ni ningún tipo de servicio- y lograr las habilitacones correspondientes, lo cual demandó muchos meses de tramitaciones.

Cuando finalmente estaba todo listo para comenzar, se produjo la transición entre el gobierno saliente y entrante, y la profundización de la crisis económica. Consecuencia: la provincia cortó el proyecto, pero con un argumento discutible. Según reconoció el propio ministro Lisandro Enrico, cerca de la mitad de los proyectos de vivienda en marcha en la provincia estaban concentrados en Rafaela y Reconquista. La administración provincial actual consideró que esto era "injusto", y resolvió reconducir los fondos que estaban previstos para las viviendas en Rafaela, y los direccionó a Rosario.

En la ciudad hasta ahora las únicas repercusiones políticas se escucharon en boca del senador Alcides Calvo, que fue el que reveló el cambio de destino de los fondos, y del concejal Juan Senn, que también publicó un cuestionamiento en sus redes sociales. No se escucharon todavía repercusiones desde la Intendencia, que tendrá algo que decir al respecto: los terrenos donde se iban a levantar las unidades habitacionales fueron donados por el Instituto Municipal de la Vivienda. Y son 219 soluciones menos en un escenario de emergencia habitacional como el que se afronta en Rafaela, donde las inversiones de la provincia en viviendas llave en mano decrecieron notablemente en los últimos 16 años, contrariamente a la interpretación que hizo el ministro Enrico.