Una de las "joyas" del sistema de videovigilancia que tiene la Municipalidad de Rafaela son las cámaras lectoras de patentes ubicadas en los cuatro accesos principales a la ciudad, sobre las rutas 34 y 70, cubriendo las cuatro vías de entradas y salidas más relevantes que tiene Rafaela. En el plano téorico -e incluso por lo que en su momento pudo apreciar el periodismo en recorridas realizadas al Centro de Monitoreo- las cámaras eran similares a las ubicadas en otras ciudades, que permiten identificar a los vehículos que pasan bajo el lente de las mismas, dejando un registro del horario en que lo hacen.

En lo que se conocía, ante la necesidad de ubicar a un vehículo cualquiera por su dominio registrado, se cargaban los datos e inmediatamente esos datos aparecían en el monitor del operador, en el caso de que el vehículo hubiera efectivamente pasado ante las cámaras. Esa herramienta, entonces, resultaba, y resulta, clave para establecer un "anillo" de control al menos sobre los principales accesos y salidas, ante la comisión de algún delito en la ciudad o en la región.

Pero sucede que no todo lo ideal funciona como lo indican los manuales. En el caso de las cámaras lectoras de patentes de Rafaela, desde hace aproximadamente un mes no estaban funcionando, con excepción de la ubicada en la RP 70, al Oeste. Además, el nuevo secretario de Prevención y Seguridad del municipio, Juan Manuel Martínez Saliba, reveló que las mismas "no eran las requeridas para tener un buen procesamiento de datos y detección de chapas patentes”, por lo que anticipó que las gestiones que se están llevando adelante ante autoridades provinciales tiene como una de las prioridades renovar ese equipamiento.

En buen criollo, las cámaras que tiene el municipio en esos lugares estratégicos no fueron diseñadas para el fin establecido, sino que tienen otras características y fueron adaptadas de manera casi artesanal para sumarse a la lucha contra la inseguridad.

El colmo: intimación de la EPE

Sin embargo, lo más preocupante surgió en estos días. A la Municipalidad ingresó una intimación, con fecha 5 de diciembre, de Federico Perotti, jefe de Fiscalización de Suministros Rafaela, de la EPE, quien notificó al Estado local que la EPE realizó "una inspección in situ de las acometidas ubicadas en las entradas Norte y Sur de la ciudad, sobre RN 34 y entrada Este, sobre RP 70, que actualmente energizan las cámaras de monitoreo, siendo necesario normalizarlas, dado que los trabajos realizados por esa repartición no cumplen con nuestras reglamentaciones y normas vigentes para este tipo de suministros, sucediendo que en el estado actual de conectividad representan un riesgoIne material para transeúntes y peatones que circulan en el sector donde se suspende el cableado entre columnas de alumbrado público".

La nota agrega una intimación para que "en el plazo perentorio" de 24 horas de notificados, se interrumpa el servicio no reglamentario. De allí que en estos días el sistema, ahora operado por la nueva gestión de gobierno, no esté funcionando.

Algunas improvisaciones -como la que se relata en esta nota, enteramente atribuibles a la gestión saliente, dadas las fechas de las intimiaciones- no dejan de resultar llamativas y peligrosas, dadas las consecuencias que pudieron tener, viniendo además desde el propio Estado que se debe encargar de velar por el cumplimiento de los reglamentos de las empresas de servicios.