En el sector empresario rafaelino hay una gran expectativa en que se pueda avanzar en la licitación para ejecutar la pavimentación del Camino Público N° 6, conocido popularmente como "camino a San Expedito", en el tramo entre la traza histórica de la RN 34 y la futura Circunvalación de Rafaela. Ese camino es el límite Norte del PAER y la idea es convertirlo en una vía terrestre permanente para los camiones que entren y salgan del área industrial. Actualmente se está ejecutando el despeje de la traza, con el corrimiento de alambrados y de líneas eléctricas, con aportes estatales y también de los frentistas privados. Pero el objetivo es el pavimento.

Un primer llamado fracasó porque los valores presupuestados fueron incluidos en un convenio entre Vialidad Nacional y Municipio que se firmó en 2021. Para cuando se hizo la apertura de ofertas, el presupuesto había quedado totalmente desfasado del costo real de la obra. Hubo que gestionar otro convenio y volver a llamar a licitación.

El nuevo presupuesto oficial fue fijado en 490 millones de pesos, a valores de febrero de 2023. Hay que actualizarlo según los indicadores del costo de la construcción para estimar la base de cálculo del nuevo presupuesto oficial al día de la apertura de ofertas, que fue el martes 9 de mayo. Y por ley de obras públicas, para adjudicarse la obra las cotizaciones no deben superar en más del 20% el monto del presupuesto oficial. La cifra que pretenden cobrar por contrato las empresas Obring y Laromet, que conformaron la UTE que se presentó, es de 783.754.966,58 pesos, es decir, casi 784 millones de pesos.

"Nos faltan 100 millones", calculó un empresario que está muy al tanto de las gestiones y viene bregando desde hace años por la concreción de la obra. La estimación es gruesa, pero habla de las distancias siderales entre lo que surge del papel y los números fríos respecto a una realidad que cuenta con otros números: los de la inflación desbocada, el dólar impredecible y la incertidumbre sobre si el gobierno que venga cumplirá con lo que vaya a firmarse.

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Frente a este panorama, hay algunos datos claves a tener en cuenta.

• Las oferentes: la UTE que presentó cotización la conforman Obring y Laromet. Las dos empresas, asociadas con Néstor Guerechet, están ejecutando por cuenta de la provincia la reconversión de la RP 70 en Ruta Segura, en el tramo entre Recreo y Rafaela. El monto de ese contrato ya supera los 26.500 millones de pesos. Además, Obring ya ejecutó la repavimentación de la RP 70 entre Rafaela y Roca; y está iniciando la pavimentación de la 70 S entre Bella Italia y Aurelia. Tiene un gigantesco obrador en la salida de Bella Italia y en Rafaela técnicos y personal contratado por la empresa han alquilado casas y departamentos por doquier.Esto significa que la empresa tiene una base de operaciones muy consolidada en la ciudad como para encarar una obra de alcance "menor", si se tiene en cuenta la magnitud de los otros contratos que posee.
• La incertidumbre política y económica juega un papel fundamental en el riesgo que corren los oferentes. Hay un ejemplo en la cercana RN 34: cuando asumió el presidente Mauricio Macri en 2015, a los pocos meses se paralizaron las obras en la autopista y estuvieron más de dos años paradas o avanzando a paso de tortuga. La excusa fue la reconversión del proyecto de autovía a autopista, pero en el camino quedó un tramo del proyecto original totalmente fuera de presupuesto y aún hoy no hay obras entre Rafaela y Ataliva por ese motivo. ¿Qué pasa si el próximo gobierno corta el chorro de recursos de Vialidad? La Municipalidad, que contrata la obra y recibe los fondos del convenio de Vialidad, quedaría expuesta eventualmente a las consecuencias del parate.
• El anticipo financiero: además del precio muy por encima del presupuesto oficial, los cotizantes piden que se integre el 15% de anticipo financiero en el momento de iniciar las obras. Son más de 100 millones de pesos para arrancar, antes de mover un metro cuadrado de tierra. Es una práctica muy común en la obra pública de todos los tiempos, pero fue una de las argumentos que llevaron a la cárcel a Lázaro Báez en la causa Vialidad, interpretada como un supuesto privilegio al empresario santacruceño. Sin embargo, esa práctica habitual en este caso cobra especial relevancia, porque las empresas quieren cubrir costos financieros: cobran el 15% adelantado y luego van presentando los certificados de obra conforme al cumplimiento del gobierno de turno. Si cobran, siguen trabajando. Si se demoran los pagos, se hace más lenta la obra.
• Con un escenario así de complejo, las opciones serían negociar con la empresa la adjudicación a cambio de alguna rebaja -improbable, por cierto-; o declarar desierta la llicitación y volver a insistir con otro llamado. Para entonces habrá otras autoridades en la mesa de negociaciones y se habrán perdido varios años de gestiones.