El Fiscal Regional Diego Vigo, presentó, en la mañana de este miércoles, su informe anual de gestión, que coincide con su último año al frente de la FR Nro. 5. (que abarca las jurisdicciones de Rafaela, San Cristóbal y Tostado)

Al comienzo de la presentación, que se refirió al período comprendido entre el mes de abril 2022 y marzo 2023 (ambos inclusive), Vigo refirió que se crearon un total de 17.345 legajos de investigación, un número relativamente menor al período abril 2021/marzo 2022.

Sin embargo, considerando sólo a la Unidad Fiscal Rafaela en el último año se crearon 12.499 legajos contra 10.260.

En cuanto al promedio de creación de legajos por fiscal, Vigo informó que, en el período presentado, se asignan un total de 1577 legajos por fiscal por año (en el período inmediatamente anterior era de 1215).

Desde el inicio de la gestión de Vigo al día de la fecha, se celebraron 1539 audiencias cautelares, resolviéndose imponer prisión preventiva en 836 oportunidades (54%) y medidas alternativas en 703 oportunidades (46%).

De lo expuesto, puede observase que la Unidad Fiscal Rafaela aumentó sostenidamente la cantidad de medidas cautelares dispuestas a lo largo de cuatro períodos (aumentando un 221% el número de alternativas y un 119% el número de preventivas entre abril 2017 y marzo 2021); luego se produjo un descenso en el período abril 2021 / marzo 2022 (+25% en alternativas y +22% en preventivas). Finalmente, se observa en el período informado un aumento considerable (+47% en alternativas y +23% en preventivas) en relación al período anterior, constituyéndose como el registro más alto de la serie.

En otro tramo de la presentación, Vigo se refirió al total de audiencias celebradas ante un juez a las que han asistido las y los fiscales en los períodos informados. En ese sentido, se observó un crecimiento en la cantidad de audiencias en tribunales celebradas entre los períodos abril 2019 / marzo 2020 y abril 2021 / marzo 2022 a la actualidad (+22%, +11% y +8% respectivamente en cada período), mientras que en el último período se registró un descenso del 11%.

Desde la puesta en marcha del nuevo sistema procesal penal 10/02/2014 al 31/03/2023 se celebraron en el ámbito de la Fiscalía Regional 65 juicios orales, obteniéndose sentencias condenatorias en 55 oportunidades (85%).

En relación al período informado, durante abril 2022/marzo 2023, se celebraron 11 juicios orales, obteniéndose sentencias condenatorias en 10 de ellos (91%). Asimismo, 6 juicios que se encontraban agendados se resolvieron por la imposición de una condena mediante un juicio en el que se abreviaron los procedimientos, previo al inicio del debate oral.

Condenas

En el período abril 2022 / marzo 2023 se dictaron, a solicitud de las y los fiscales, 148 sentencias de condena por más de 317 hechos delictivos (varias de las condenas fueron por una cantidad indeterminada de hechos). El promedio de hechos por condena se ubica en 2,14.

Sobre estas 148 condenas, 92 condenas fueron a pena de prisión efectiva (62% del total); 56 fueron a pena de prisión condicional (38% del total); 107 fueron primeras condenas (72% del total); 38 fueron con declaración de reincidencia (26% del total) y 11 fueron dictadas en juicio oral y público (7,43% del total).

Asimismo, se observa que 99 de esas condenas (67%) estuvieron precedidas por una prisión preventiva. En dichos casos, el promedio de duración del encarcelamiento, es decir la cantidad de tiempo promedio que transcurrió entre el momento en que se privó de la libertad al imputado y el momento en que se dictó la sentencia, fue de 426 días, es decir, poco más de un año.

Por otra parte, puede destacarse que, de las 148 condenas obtenidas, 49 (33,11%) fueron por delitos cometidos en el marco de violencia de género, familiar o sexual, 43 (29,05%) fueron por delitos contra la propiedad, 35 (23,55%) fueron por delitos contra las personas, 14 (9,46%) fueron por delitos de tenencia o portación de armas y 7 (4,73%) fueron por delitos vinculados a la criminalidad económica.

Reparaciones, donaciones y trabajo comunitario

Conjuntamente con la imposición de penas de prisión, como así también como condiciones de cumplimiento para la aplicación de suspensiones de juicio a prueba se impuso a los imputados la obligación de realizar donaciones a entidades de bien público, reparaciones a las víctimas y trabajos comunitarios.

En total, por este tipo de condiciones, se efectuaron donaciones por aproximadamente $1.540.500, se abonó aproximadamente $2.817.000 en concepto de reparación a las víctimas, se impusieron multas por más de $93.500, se comprometieron trabajos comunitarios por 615 horas y se abonaron $2.071.224 en concepto de gastos causídicos.

Desde el inicio de la gestión al día de la fecha, se efectuaron donaciones por aproximadamente $5.339.535, se abonó aproximadamente $7.196.440 en concepto de reparación a las víctimas, se impusieron multas por más de $2.950.000 y se comprometieron trabajos comunitarios por 8719 horas.