La Ordenanza Nº 5331 tuvo un proceso de gestación que superó los diez años en los que se trató de darle una vuelta de tuerca a la legislación loca que establecía un limite de 200 metros respecto a la linea del desarrollo urbano de la ciudad, superficie en la cual no se podía intervenir con aplicaciones de productos agroquìmicos. Hubo concejales que fueron electos, trataron el tema y dejaron sus cargos sin que la ordenanza viera la luz de la promulgación. De hecho, tres ediles terminaron participando de las deliberaciones finales como acto final de sus mandatos: Raúl Bonino -que no votó por ausencia-, Jorge Muriel y Marta Pascual dejaron sus bancas luego de ese debate, para dar paso a la renovación de concejales y la asunción de los electos para reemplazarlos.

Tan controversial fue el tema que hasta la elección de las palabras definió posturas. La Ordenanza, con el lenguaje técnico, habla de "fitosanitarios", el mismo término empleado por las organizaciones de productores y por organismos como el INTA y el SENASA, que en general aportaron siempre una mirada científica pero con sesgo productivista y también se refieren a los productos como "agroquímicos". Para las ONGs ambientalistas, en cambio, se trata de agrotóxicos a secas. Lo dicen respaldados por informes que detallan la secuela de consecuencias negativas que para el medio ambiente natural tiene la aplicación de los productos utilizados -más allá de las variedades, calidades y tipologías en que se encuadren- al margen del concepto de agroecologìa que defienden con firmeza.

Una historia larga

¿Por qué se puede decir que la política rafaelina no pudo darle un cierre definitivo al tema? Porque más allá de las opiniones científicas, económicas, técnicas y de todo tipo que condimentaron el debate desarrollado a lo largo de más de una década, la cuestión de la resolución final fue al ámbito institucional donde se deben dirimir las ordenanzas y decretos que reglamentan la vida de los rafaelinos dentro de las competencias municipales: el Concejo. Y allí es la política la que debe resolver, con los concejales como actores principales en la instancia de articular las controversias eventuales para transformarlas -en el hipotético planteo de un sistema ideal, que generalmente dista mucho de lo que termina plasmándose en la realidad- en un marco legal que responda al interés general.

Los concejales -y el sistema polìtico de representación en general- no pudieron lograr ese acuerdo superador que dejara satisfechos a todos. En principio, ellos mismos no pudieron acordar una postura común. La justicialista Brenda Vimo intentó llevar la extensión de la prohibición de uso de fitosanitarios hasta los mil metros de la línea de edificación urbana. El intento le costó muy caro: soportó el asedio crítico -en el sentido político de la palabra, se entiende- de las organizaciones de productores y le costó sudor y lágrimas volver a sentarse en la mesa chica de las decisiones de su propio partido, donde antes solía ser una invitada cotidiana. Ergo: el intendente le soltó la mano, a sabiendas que la postura de la concejala era un extremo inviable que le podìa romper los -a veces- frágiles puentes que lo comunican con las instituciones del sector productivos.

Del otro lado tampoco hubo unanimidad. Lisandro Mársico se esforzó por incorporarle matices a la antigua ordenanza de los 200 metros. No consiguió eco. Y Juntos por el Cambio, también salpicado en aquél momento por las heridas internas que había dejado el proceso electoral del 2021, apuntó -a la hora de los votos que respaldaron la sanción de la ordenanza que impulsó Leonardo Viotti, a la postre la Nº 5.331-, las deserciones de Raúl Bonino, ausente en la sesión clave; y el voto en abstención de Marta Pascual, los dos ediles del PRO que terminaban sus mandatos en ese diciembre.

No por obvio debe dejar de mencionarse que la dirigencia política con representación en el municipio no fue la responsable del desenlace controversial del debate: con extremos tan firmes es más probable que la soga se corte antes de que se llegue a anudar un punto en común. Y eso pasó con la famosa "ordenanza de fitosanitarios".

A la Justicia

Finalmente, la aplicación de la ordenanza quedó en suspenso y no sólo por el "veto propositivo" de seis meses que propuso el intendente Castellano. Ni los propios productores habían hecho uso de la posibilidad de aplicar fitosanitarios de origen orgánico entre los 50 metros de prohibición total de la "zona de seguridad" creada por la ordenanza y los 200 metros. Para las organizaciones ambientalistas, esos 150 metros son la medida de la discordia: desde el punto de vista legal, consideran que es un retroceso respecto a la reglamentación anterior y tratándose de la tutela del medio ambiente, hay allí un punto para impedir que la ordenanza entre en vigencia.

La pelota ahora está en el campo de la Justicia. Como en el fútbol, unos y otros dicen que acumulan merecimientos -leáse argumentos- para anotarse la razón del resultado final. El juez Matías Colón, de pocos meses a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial en el que recayó el caso- está actuando con tino y sentido común: convocó para el 28 de fabrero a una audiencia pública, herramienta inédita hasta ahora en el fuero local. Nada de exposiciones tribuneras: están invitados la parte demandada, que es el municipio; los demandantes, que son las organizaciones ambientalistas y vecinos denunciantes; y los terceros interesados que han sido aceptados como parte del proceso. No habrá otra cosa que no sean preguntas puntuales para todos y todas, con el fin de redondear las pruebas que Colón ya acumula en su escritorio, presentadas como evidencias por las partes. La audiencia no será vinculante y no creará al Tribunal ningún condicionamiento: sólo aportará información importante y de utilidad.

Por una vez, puede que la Justicia resuelva -en un camino que nunca es corto- lo que el diálogo y la articulación institucional de la que tanto se jactan - y con razón- los rafaelinos. Por ahora, una sola certeza: sea cual sea el resultado, no habrá conformidad total.