Una de las presentaciones más esperadas en el ámbito de la audiencia pública convocada en Tribunales para informar al juez Matías Colón sobre la ordenanza 5331 de fitosanitarios era la del Ejecutivo Municipal. No asistió el intendente Luis Castellano, como se sabía de antemano, y la representación oficial del municipio como parte demandada fue encabezada por el fiscal municipal Daniel Fruttero, a quien acompañaron la secretaria de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, Paz Caruso; y dos funcionarios de menor rango de ambas áreas.

Fruttero fue consultado específicamente por el juez Colón sobre las razones que llevaron al Ejecutivo a imponer un "veto propositivo", que impugnó parcialmente el contenido de la polémica ordenanza. En ese punto, Fruttero sostuvo que "desde nuestro punto de vista las observaciones, tanto parciales como totales a algunos artìculos, obedecieron a la ausencia de fundamentos científicos y técnicos para la adopción de determinadas medidas, como el caso de la adopción de distancias mínimas para la aplicación de productos".

Fruttero argumentó que "desde el punto de vista jurídico, el veto del Ejecutivo se centró en los principios del derecho ambiental, fundamentalmente el principio de progresividad y de no regresión, así como también se hizo un análisis de casos jurisprudenciales. En este sentido se seleccionaron varios en la materia, con un criterio de relevancia y de pertinencia en relación con la ordenanza".

Según Fruttero, esos pasos orientaron a la Fiscalía a recomendar al Ejecutivo la adopción de medidas "precautorias", para "paliar la falta de información suficiente, que consideramos que merecía la norma en este punto concreto. Eso motivó la incorporación de una disposición transitoria -el denominado veto propositivo- en búsqueda de mayor información" que sustentara el contenido y la aplicación de la normativa sancionada.

Por su parte, los funcionarios también explicaron detalles de las medidas de control que se llevan adelante y aclararon que la planificación para plantar una barrera arbórea que proteja al ejido urbano de la eventual deriva de las aplicaciones está en marcha, aunque dependerá en buena medida de la suerte legal que corra la ordenanza, en la actual tramitación de la causa que se lleva adelante en Tribunales.