Dos horas demandó el desarrollo de la audiencia pública convocada por el juez en lo Civil y Comercial de la Primera Nominación, Matías Colón, para que las partes involucradas aporten información sobre la vigencia del artículo 4 de la Ordenanza Nº 5331, que establece las regulaciones locales para la aplicación de fitosanitarios. El artículo en cuestión es el punto más cuestionado de la ordenanza que elaborara el concejal Leonardo Viotti: autoriza la utilización de productos fitosanitarios de componentes orgánicos, denominados de línea verde, en una franja que va desde los 50 a los 200 metros de la línea del ejido urbano.
Dos organizaciones ambientalistas y un grupo de vecinos hicieron una presentación judicial en el marco de la Ley 10.000, que protege los intereses difusos, entendiendo que la normativa vulnera el principio de no regresión relacionada con una norma de protección ambiental, ya que anteriormente se prohibía la utilización de cualquier tipo de fitosanitarios en la franja de 200 metros.
La audiencia de este martes tuvo como fin facilitarle al juez el contacto directo con las partes, con una metodología simple: cada una de las partes fue citada al estrado para responder preguntas específicas planteadas por el juez. Fueron preguntas atinadas, bien orientadas y enmarcadas en la causa. El Dr. Colón cortó rápidamente cualquier intento de algunos de los expositores de ir más allá de las preguntas o de abundar en datos que ya constan en el expediente. Así, la audiencia fue ágil y concreta y fundamentalmente dejó enseñanzas para todos, pero no tiene carácter vinculante ni tampoco fue resolutiva, ya que ahora Colón incorporará las respuestas aportadas al expediente que maneja antes de dar un fallo sobre la cuestión.
Los ambientalistas
Los primeros en pasar ante el estrado del juez Matías Colón -quien aclaró que la audiencia pública no tiene carácter penal ni implica la asunción de responsabilidades especiales por parte de quienes prestaron testimonio- fueron los integrantes de las asociaciones ambientalistas, junto al Dr. Enrique Marchiaro, que es el asesor legal. Participaron en ese segmento Guillermo Dalmazzo, de ADAPA; Ana Santucci, de la Asociación Balbiana; Sergio Ambroggi, de Amigos de la Vida.
Los ambientalistas ampliaron sus cuestionamientos a la ordenanza respondiendo a las consultas del juez sobre aspectos de la presentación que habían efectuado. Básicamene, el magistrado los interrogó sobre sus experiencias en materia de agricultura orgánica, relaciones con otras entidades ambientalistas de la región y el país; y sobre su conocimiento -o no- acerca de las consecuencias que acarrean las diferentes aplicaciones de fitosanitarios.
También tuvo una participación destacada la Fiscalía Extrapenal -un equivalente del fuero civil a lo que es el Ministerio Público de la Acusación en las causas penales-, que fue representada por las doctoras Carolina Castellano y Clarisa Neumann. Ambas funcionarias fueron muy severas en la caracterización de la información aportada, y respaldaron enfáticamente los argumentos expuestos por los ambientalistas, al considerar que la aplicación de fitosanitarios en los términos previstos en la ordenanza resultan peligrosos para la población.
El municipio
Posteriormente lo hicieron los representantes del municipio, encabezados por la Secretaria de Ambiente y Movilidad, Paz Caruso; y el fiscal municipal, Daniel Fruttero, junto a funcionarios de segunda línea de ambas áreas. El municipio es la parte demandada en la causa, que no tiene objetivos económicos (es decir, no hay una cuestión de daños de ese tipo planteada, sino que se observa una normativa legal que afectaría el interés de la comunidad).
Fruttero fue el responsable de explicarle al magistrado las razones que fundamentaron el veto parcial aplicado por el intendente Luis Castellano a la normativa sancionada por el Concejo. Colón también consultó sobre aspectos específicos de la ordenanza, en especial a la planificación sobre la instalación de barreras arbóreas.
Luego fue el turno de los concejales. Se adelantaron al estrado los que habían sido citados específicamente por Colón: el presidente del cuerpo, Germán Bottero; Leonardo Viotti, Lisandro Mársico y Brenda Vimo, quienes fueron autores de distintos proyectos relacionados con los límites agronómicos. También pasó al estrado -aunque no fue consultado por el juez- Juan Senn y en la barra estuvieron presentes Martín Racca y Valeria Soltermam. En cambio, no estuvieron presentes concejales que participaron en los debates que llevaron a la sanción de la norma, como Jorge Muriel, Marta Pascual, Carina Visintini y Raúl Bonino.
Aunque tuvieron posiciones diametralmente opuestas a la hora de tratar el tema, Vimo y Viotti -que fueron, en ese orden, los más participativos a la hora de responder las preguntas del magistrado- abordaron distintas cuestiones. A los ediles el juez los interrogó sobre antecedentes de la norma sancionada y sobre cómo se aseguraron que las disposiciones reglamentadas no resultaban dañinas para los vecinos o el ambiente. Allí Viotti se preocupó en subrayar que los fundamentos de la ordenanza se basaron en los informes de técnicos y especialistas.
Alguna chicana política, entre líneas, se pudo adivinar en las respuestas de Germán Bottero, que recordó, como al pasar, que personalidades políticas de la región no respondieron nunca a las invitaciones del Concejo para opinar sobre el tema.
Los técnicos
Luego fue el turno de la Comisión Técnica que se integró en el municipio y que es uno de los organismos creados por la ordenanza para hacer un seguimiento de la aplicación de la normativa. Allí se sentaron en el estrado Jorge Villar, del INTA Rafaela; Jorge Ghiano de la Sociedad Rural de Rafaela; Leandro Roggero, del SENASA; Fernando Belinde, de Productores Unidos; y los concejales Viotti y Vimo. Todos dieron detalles de la importante tarea que le compete a esta Comisión y lo que ya se viene haciendo en la capacitación de productores y aplicadores; en el contralor de las aplicaciones y en otros aspectos relacionados con el tema.
Posteriormente llegaron las exposiciones técnicas específicas. Tuvieron especial importancia los aportes de Sebastián Gómez, coordinador del área de Registro de Fitosanitarios agroquímicos y biológicos del SENASA a nivel nacional; Luis Carrancio, director de la Estación Experimental Oliveros del INTA -especializada en Agroecología- y Leandro Roggero, del SENASA local, así como Jorge Villar, director de la Experimental Rafaela del INTA.
A grandes rasgos, todos plantearon que ningún fitosanitario -independientemente de si es de origen orgánico o fruto de una formulación química- es inocuo. Detallaron, no obstante, las características de las buenas prácticas agrícolas, la importancia de la correcta aplicación de los productos, el estudio de las derivas y muchos detalles técnicos que fueron claramente explicados al magistrados. Jorge Villar cerró la intervención de los técnicos subrayando que la agroecología, según como la entienden las entidades denunciantes, sólo es sustentable en una escala de microproducción o en gran escala, pero no en los establecimientos productivos que existen en el periurbano de Rafaela.
Terceros interesados
Luego de todas esas presentaciones fue el turno de los productores como terceros interesados. Allì intervinieron Marcos Delfabro, Juan Zimmermann, Fernando Belinde y el Dr. Roberto Gianfelici, como asesor letrado. También fueron muy prolijos y claros en sus exposiciones y en la respuesta a las preguntas formuladas por el magistrado.
Las intervenciones fueron cerradas por el Ing. Aschier, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Fe, que también aportó su mirada sobre el tema, así como también la Dra. Mónica Fiorillo, representante de la defensoría general de Menores.
