La Asamblea Feminista Rafaela manifiestó, a través de un comunicado, su preocupación frente al tratamiento, tanto social como mediático, de los casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes y violencia por motivos de género que transcurren en Rafaela.
En ese marco, alertaron sobre “los elevados niveles de desinformación, hostigamiento digital y tratamiento de los casos por los medios de comunicación que revictimizan a la víctima y ponen en duda su relato”.
En 2015, en Argentina, la Ley Piazza -que establecía que los plazos de prescripción del abuso sexual en la infancia debían empezar a computarse desde la mayoría de edad del denunciante- fue reemplazada por la Ley de Respeto al tiempo de la víctima (Ley 27.206). Esta modificación, estableció que el plazo de prescripción empieza a correr recién cuando la persona, ya siendo mayor de edad, se acerca a la justicia para formular la denuncia o ratificarse en aquellos casos en los que fue formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad.
Con la sanción de estas leyes, Argentina dio cumplimiento a sus compromisos asumidos internacionalmente al ratificar la Convención de los Derechos del Niño y la Convención de Belém Do Pará.
Según Amnistía Internacional entre 2020-2021 se registraron 3.129 casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, representando el género femenino casi 4 veces más que el masculino. El 74,2% de las víctimas fueron violentadas por alguien de su entorno cercano. Al menos, una de cada 10 niñas y adolescentes, sufren violencia sexual. A pesar de la atención pública que ha recibido la lucha contra la violencia sexual contra las mujeres, solo el 15,5% de los crímenes contra la integridad sexual denunciados -independientemente de la edad de la víctima- termina en una sentencia condenatoria. El abuso sexual es un delito y es un delito atravesado enteramente por las desigualdades asociadas al género. Por ello, la perspectiva de género es la única posible para proteger a mujeres, varones y disidencias de las desigualdades producto de la cultura patriarcal.
En este marco, la Educación Sexual Integral ha demostrado ser fundamental para fortalecer los mecanismos de detección temprana y denuncia de casos de violencia y abuso sexual y la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia.
Desde la organización feminista remarcaron la necesidad de recuperar las recomendaciones que realiza Amnistía Internacional e interpelamos a los diversos actores de la sociedad a construir una sociedad más igualitaria a través de:
- Garantizar el patrocinio jurídico gratuito para víctimas de violencia y promover campañas que contribuyan a problematizar la desigualdad de género y la construcción social sobre la masculinidad.
- Promover una justicia con perspectiva de género y diversidad para la investigación de casos de violencia de género y abuso sexual
- Fortalecer el rol de los organismos que brindan asesoramiento y apoyo ante casos de violencia de género cometido, asistido o agravados por el uso de las tecnologías de la información.
- Garantizar condiciones de igualdad y no discriminación en el debate público, promover la pluralidad de voces en los medios de comunicación y adoptar políticas de protección integral y erradicación de la violencia dentro y fuera de los medios de comunicación.
