Por Miguel A. González

Nadie dijo que sería fácil. Para cualquier dirigente que encabece un proyecto de gobierno, en cualquier jurisdicción del Estado dentro de la Argentina, el escenario de cierre del 2023 y para el período que se iniciará el 10 de diciembre resultará extremadamente complicado. De hecho, a tal punto no es sorpresa para nadie que así sería que el tema de la experiencia para gobernar fue un argumento de campaña, tanto en la ciudad como en la provincia.

Para Leonardo Viotti tampoco será fácil. De hecho, en estos días el intendente electo enfrenta el comienzo de un período que pondrá a prueba por primera vez sus capacidades de decisión, aún antes de jurar como nuevo titular del Departamento Ejecutivo Municipal. Los primeros números que llegaron a su grupo de trabajo en el marco de la transición no deben haber contribuido a calmarlo, ni mucho menos.

A punto de iniciar el último trimestre del año, la Municipalidad tiene una deuda flotante que ronda los 600 millones de pesos. No se trata de deudas financieras, sino de las obligaciones constituida por los gastos realizados en determinado período que por diversos motivos todavía no han sido pagados, pero que obedecen al giro habitual de operaciones del Estado local.

Se trata de las deudas con los proveedores, que en promedio generalmente tienen entre 60 y 90 días de plazo para ser canceladas. En los últimos meses, sin embargo, esos plazos se extendieron y hay proveedores que están cobrando facturas de 4 o más meses de antigüedad. En un contexto inflacionario como el presente, el resultado es previsible: muchos proveedores no quieren venderle más al municipio, los que lo hacen inflan sus precios ante la incertidumbre (con mayores costos para el Estado, que termina pagando todo más caro) y no faltan los que directamente retienen los servicios ofrecidos. Se menciona que hay camiones y equipos municipales que no salen de los talleres privados donde están siendo sometidos a reparaciones hasta tanto no se cancelen facturas atrasadas.

En las primeras reuniones de transición Castellano transmitió la idea de que se están "ordenando" esos aspectos de la administración, para que se salvaguarde la relación con los proveedores, achicando los plazos de pago sobre todo a los proveedores más pequeños y con menos "espaldas". Pero hay otros indicadores que encienden muchas alarmas.

Masa salarial vs. ingresos

Uno de los datos que más preocupa al intendente electo es el impacto de la masa salarial sobre el total de la estructura de ingresos. Históricamente el pago de sueldos y cargas sociales consumía entre 65 y 70% del total de ingresos. Con la caída de los recursos que ingresan por coparticipación -menos recaudación por menor actividad económica (pandemia, sequía, etc)- provincial y nacional; más una política salarial que apunta a resguardar el poder adquisitivo de los empleados, en los últimos dos años esa participación aumentó. A septiembre de 2023 estaría en el orden del 80% del total. Significa que de cada 100 mil pesos que entran al municipio, 80 mil se van en sueldos y contratos. Con la porción restante hay que hacer frente a todos los demás gastos.

El otro indicador que hizo disparar alertas es que el monitoreo de los ingresos permitía asegurar que con los ingresos propios del municipio -de las tasas que por diversos ítems los rafaelinos pagan en ventanilla local en forma direcfa- se podían pagar los sueldos. Esa certeza desapareció: para pagar los sueldos de agosto hizo falta usar el equivalente al 107% de los recursos propios. Es decir, hubo que echar mano a la coparticipación para la obligación esencial de la cobertura de sueldos.

Una lectura lineal permite concluir que el Concejo Municipal controlado por la actual oposición no es del todo inocente en esa desproporción creciente, a partir de que la evolución de las tasas locales no siguió ni por asomo el ritmo de incrementos de los costos que forman parte de la famosa fórmula polinómica que en algún momento se pretendió utilizar para racionalizar la actualización de tasas. ¿Cambiará esa política a partir de diciembre, cuando la actual oposición mayoritaria pase a ser oficialismo activo? Gran interrogante.

¿Es demasiado grande la planta de trabajadores municipales? Nadie se atreve a decirlo, por las implicancias que tendría semejante aseveración. Es cierto que el Estado local se ocupa de servicios que en otras ciudades de la misma escala no existen o están privatizados: recolección diaria de residuos; transporte público de pasajeros; guardia urbana para prevención en seguridad; gestión de residuos sólidos urbanos, son algunos de los ejemplos. Pero no es menos real que el ciudadano percibe que hay lugares en donde sobra gente y faltan resultados de gestión.

El ajuste necesario

Frente a ese panorama, más por obligación que por convicción Viotti está preparando el lápiz rojo. Sabe que si ignora los indicadores puede chocar la calesita antes de que dé unas pocas vueltas. Por eso ya decidió que se deje caer la licitación para las refacciones de la Terminal, dado el esfuerzo sin límites precisos que le demandaría al municipio hacer frente a las obligaciones.

El primer ítem a afectar es la estructura de gabinete. No se trata sólo de secretarías y subsecretarías políticas, sino de por lo menos dos decenas de cuadros intermedios que revistan en la categoría 54, como "personal de gabinete", y que ocupan, hasta ahora, puntos estratégicos de la gestión. A las reducciones en el número de secretarías anticipado en campaña por el intendente electo se le deberá sumar el achicamiento de esa estructura.

En el número global del presupuesto, ese "achique" será meramente un gesto simbólico que no moverá la aguja sustancialmente, aunque redunde en algunos millones de pesos de ahorro. Pero sí tendrá un valor importante en la escenografía general que Viotti pueda presentar a la comunidad cuando pase la tijera por otros ítems que pueden resultar menos simpáticos para la opinión pública.

Sin vueltas: para ajustar a la baja en términos reales -y no meramente nominales- la estructura del gasto, Viotti tendrá que operar sobre "bienes y servicios no personales", una cuenta siempre envuelta en la neblina informativa y que permite una discrecionalidad en el gasto que no siempre se traduce en eficiencia, sino en todo lo contrario. En esa cuenta están los pagos a decenas y decenas de monotributistas que trabajan en el municipio y cobran sus haberes presentando facturas. No figuran en la planta de 1.400 y pico de personal de planta permanente o contratados, sino que son proveedores de servicios.

En esa nómina hay muchísimas personas que participan de programas municipales: talleres barriales, inclusión educativa, capacitaciones en oficios y una larga lista de etcéteras. En la inercia de una gestión que tuvo continuidad a lo largo de doce años, algunos de esos programas adquirieron rango de políticas de Estado, pero ahora Viotti encara la revisión de todos y cada uno. Y en ese análisis entra la sospecha de que bajo la cobertura de tales programas en muchos casos se camufló el ingreso de militantes rentados al esquema de la administración pública.

De contramano, también puede pensarse que la ida de unos no evita que entren otros, en todo caso relacionados con la nueva administración. Viotti, actuando en defensa propia al menos hasta sentirse firme en el timón, deberá resistir a la tentación de pagar con esa moneda por la colaboración recibida en campaña. Hay algo cierto: habrá programas que la gestión saliente consideraba ineludibles que dejarán de estar en la grilla. Surgirán otros, con el condicionamiento del presupuesto. Más trabajo para Viotti. Sarna con gusto no pica, dicen. Se verá.

Mientras tanto, se viene la presentación del Presupuesto y la Tributaria, que será motivo de otro análisis. Tiempo al tiempo.