Con una crisis habitacional que se agudiza día a día en la ciudad, con más de 8 mil familias anotadas para tener acceso a alguna solución habitacional y un mercado inmobiliario liberado a la ley de la selva tras la derogación de las regulaciones establecidas para el sector, la posibilidad de adjudicar 315 lotes que permitan a otras tantas familias comenzar a ejecutar algún proyecto de vivienda propia es muy esperada.
Precisamente esa cantidad de lotes están en proceso de urbanización en el barrio 42. Hace un mes RAFAELA NOTICIAS publicaba que la obra contaba con un 98% de avance. Es decir, está prácticamente terminada. ¿Qué falta entonces para poder avanzar en el sorteo que determine los adjudicatarios para los lotes?
“Pasaron cosas”, podría decirse. Lo principal que pasó fue la motosierra, que cortó todo el flujo de recursos de la Nación destinados a obras públicas. En la “volteada” cayó la deuda que el Estado nacional tiene con la firma Menara, contratista de la ejecución de las obras de urbanización en ese loteo. La información que trascendió es que Menara cobró su último certificado de obra allá por octubre, cerca de un mes antes del balotaje que determinó el triunfo electoral de Javier Milei.
Las fuentes consultadas, todas oficiales pero no de la propia empresa, estiman que la deuda acumulada está cerca de los 200 millones de pesos, aunque en cuestión de números todo es discutible. Por ejemplo, no se sabe si esa deuda es por los certificados presentados con actualización y redeterminación, o en realidad corresponden a valores del último bimestre del año pasado, que son bastante diferentes de lo que serían si se les aplica el índice de aumento de los costos de construcción.
Para ejecutar estas obras, la Municipalidad había firmado en septiembre de 2020 –justo cuando comenzaban a registrarse los primeros contagios masivos de COVID, durante el primer año de la pandemia- un convenio con la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo del entonces Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, por el que adhirió a los postulados, objetivos y programas del Plan Nacional de Suelo Urbano. Ese convenio sentó las bases sobre las cuales se haría la urbanización de 315 lotes aportados por el Instituto Municipal de la Vivienda: para financiar las obras, el 85% aportaría la Nación y el resto, el municipio, a través del IMV, que fue autorizado por el Concejo a “donar” al municipio el dinero necesario para esos pagos.
Hasta ahora, el Estado local cumplió con su parte de los pagos. Pero la transición nacional entre el gobierno saliente y el nuevo, más la decisión de Javier Milei de cortar todos los pagos de obras públicas, motivaron que quedara una deuda pendiente de pago.
A eso se le suma otro problema, que es la compra de los 315 micromedidores de agua que se van a colocar en los lotes. El tema fue debatido a nivel Instituto Municipal de la Vivienda, e incluso la CGT –que está representada en el organismo y que tiene asignados 50 lotes para sortear entre trabajadores afiliados a los sindicatos que componen la delegación local de la central obrera- barajó la posibilidad de hacer un aporte propio para la compra. Finalmente, se resolvió que el IMV sea el que los adquiera, para no demorar más los tiempos por detalles de esa naturaleza.
Inversión millonaria
Para tener una idea de cómo se “desbocaron” los costos, hay que mencionar que una primera licitación para la urbanización, convocada en septiembre 2021 con un presupuesto inicial de 282 millones de pesos, fracasó. Pero enseguida se llamó a otra licitación, para marzo de 2022, y finalmente en julio de ese año se adjudicó a la firma Menara, con un contrato del orden de los 355 millones de pesos, a valores de mediados de 2022. El presupuesto había sido de 321 millones y las empresas que cotizaron en ese momento habían anticipado que sostenían la oferta por 90 días: fue sobre el filo del vencimiento de ese plazo que la urbanización se adjudicó.
Las obras comprometidas en el contrato comprendieron la apertura de calles, puentes de accesos, electrificación, alumbrado público, obra de desagüe pluvial, tendido de red de agua potable, realización de veredas, arbolado y forestación del sector, y toda la señalética urbana en lo que refiere al ordenamiento vial.
¿A quién reclamarle?
Ahora, con algunos detalles de la obra aún por terminar, se espera que finalmente se fije una fecha para el sorteo, que se hará con participación de Lotería de Santa Fe. Y que finalmente Nación cumpla con lo elemental: un contrato firmado y obras que ya están ejecutadas. Claro, hay otro problema, no menor: en Nación no hay a quien reclamarle, literalmente. Sucede que oficialmente todavía continúa al frente del Ministerio de Infraestructura Guillermo Ferraro, quien fue “renunciado” de su cargo hace dos semanas.
El gobierno anunció que el Ministerio será desguazado y que sus áreas de incumbencia pasarán a depender de Economía, el reinado de Luis Caputo. Pero los contratos incumplidos han quedado en un limbo en donde no hay oficinas responsables, ni funcionarios designados, ni orden de trabajo alguno. No hay a quien golpearle la puerta. En un escenario de inflación donde el incremento de los costos se mide por día, la inflación de diciembre superó el 25% y la de enero estará cerca, el impacto económico sobre las espaldas de las empresas que hicieron el trabajo es durísimo.
