La Whiskería 'El Bajo', ubicada en la Ruta Nacional N° 9 KM 637, localidad de Manfredi cerca de Villa María - Córdoba- parecía ser un establecimiento nocturno como cualquier otro, pero bajo su fachada de diversión se escondía una sórdida trama de explotación sexual orquestada, según la Justicia, por un rafaelino: Jorge Alberto Ferrero.
El modus operandi del acusado requería la participación de una cómplice: Jesica Tamara Ávila, originaria de la provincia de Chaco, quien tenía la tarea de atraer a nuevas mujeres de su misma provincia para ampliar la oferta sexual en 'El Bajo'. Prometía empleo (referido a la prostitución) bien remunerado, vivienda, comida e incluso una niñera para las madres que lo necesitaran.
Sin embargo, una vez dentro de los confines del local, la pesadilla comenzaba para las víctimas. Además de las prometidas tareas laborales, se les obligaba a realizar trabajos de limpieza y acarreo de leña. La explotación sexual era el propósito principal, y las mujeres estaban sujetas a una serie de reglas esclavizantes. No se les permitía rechazar las solicitudes de los clientes, y todo el dinero que ganaban debía entregarse a los acusados. Incluso la plata destinada a la comida les era confiscada, independientemente de si consumían o no. A N.B.M, una de las víctimas, se le exigía pagar por el cuidado de su niñera, dejando a su hijo en la casa de esta última durante la noche.
Las mujeres atrapadas en este sombrío negocio también estaban sujetas a amenazas y coacciones. Jorge Alberto Ferrero, según consta en la causa, valiéndose de la amenaza sobre el hijo de N.B.M., la mantenía en silencio y le prohibía poner en conocimiento de las autoridades los horrores que sufrían. Incluso eran trasladadas a otras provincias a ejercer la prostitución.
Sin embargo, el 21 de septiembre de 2012, el destino de estas mujeres cambiaría. Momentos antes de las 17:25 horas, V.J.A. y N.B.M. lograron comunicarse telefónicamente con la línea de emergencia 101, solicitando la presencia de autoridades policiales para su liberación. El Cabo Daniel Reboyras respondió a la llamada y, finalmente, las liberó de su pesadilla al trasladarlas a la Comisaría de Distrito de Oncativo.
Todo lo anterior se encuentra en una causa judicial tramitada por en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Córdoba, constituido por la Sala Unipersonal a cargo del señor Juez de Cámara, Dr. Jaime Díaz Gavier. Una causa que tardó 11 años en tener una sentencia, la cual llegó mediante un juicio abreviado acordado por la Fiscalía y por los abogados defensores de los acusados, en los últimos días de septiembre de este 2023.
"Declarar a Jorge Alberto Ferrero, autor penalmente responsable del delito de 'Trata de personas con fines de explotación sexual”, imponiéndole la pena de tres años de prisión en forma condicional, con costas', expresa la sentencia a la que tuvo acceso RAFAELA NOTICIAS. Igual pena le tocó su cómplice, Jésica Tamara Ávila, por el mismo delito pero en grado de "partícipe necesaria".
Esta condena no será de cumplimiento en la cárcel para los sentenciados, al ser condicional, dado que la Fiscalía consideró algunos atenuantes. De Ferrero valoró que en estos 11 años, desde que se inició la causa, no tuvo conflicto con la ley penal, llegando incluso al juicio abreviado sin antecedentes; lo mismo que su cómplice. Además señaló la Fiscalía que el acusado "es una persona de avanzada edad que presenta sendos problemas de salud y escaso nivel de instrucción". En el caso de la mujer, el fiscal menciona en la causa que "se trata de una persona joven que puede reinsertarse a la sociedad y que es madre de tres hijas - 19, 16 y una fallecida".
Pero esta no fue la única "pena" impuesta al acusado principal de la causa, sino que la abogada defensora de una de las víctimas (V.J.A), solicitó una reparación económica de 12.138.586 de pesos por el daño moral sufrido por su clienta. Algo a lo que el Juez dio lugar, determinando la subasta de 6 vehículos que están a nombre de Ferrero con el fin de recaudar el dinero destinado a la víctima. "En caso de que la realización de los vehículos subastados no alcanzare a cubrir dicho monto, deberán utilizarse los recursos del Fondo de Asistencia de Víctimas de Trata de la Ley 26.364, siempre que haya crédito disponible y el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata lo autorice", agrega la sentencia. La otra víctima, N.B.M. manifestó expresamente su voluntad de no participar de esta causa, por lo que el juez consideró necesario no involucrarla en lo que a reparación económica respecta. “Para mi es historia pasada, dejé eso atrás, hoy tengo familia y trabajo, ya dije todo lo que tenía para decir, mi familia no sabe nada de eso. Estuve toda la noche angustiada pensando en lo que viví, hacía tiempo no me pasaba, tuve recuerdos que había borrado”, sentenció la víctima.
