Emiliano Gonzáles, un rafaelino de 32 años, fue condenado en la jornada de este miércoles por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe como autor del delito de tenencia de estupefacientes, a la pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo.
El caso, que se resolvió a través de un acuerdo entre el condenado y la Fiscalía General, tuvo su génesis en mayo pasado, cuando personal de la Agencia de Investigación Criminal detuvo, tras una corta persecución por barrio Barranquitas, el Peugeot 206 en el que González se conducía.
Al detener la marcha, en cercanías a la intersección de calles Champagnat y Marini, el propio González fue quien reconoció tener “200 gramos en el vehículo”. Además, una requisa encontró, aparte de la cocaína, más de 200 mil pesos y dos celulares.
De acuerdo con los estudios que realizó el personal especializado del Grupo de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional, la sustancia incautada efectivamente se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso neto de 205,89 gramos. Las estimaciones realizadas por la propia A.I.C. en ese momento, el valor de mercado del alijo secuestrado alcanzaba los 2 millones de pesos.
El camino a la sentencia
Luego de la detención de Gonzáles y el secuestro de la droga, las actuaciones recayeron en el Juzgado Federal de Rafaela, donde prestó declaración indagatoria y fue procesado con prisión preventiva como autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (que prevé una pena de entre 4 y 15 años de cárcel y hasta 8 millones de pesos de multa).
Sin embargo, pese a que el Fiscal Federal de Rafaela, Gustavo Onel elevara el expediente al T.O.F. Nº 1 bajo la misma figura penal, al momento de la sentencia, el Tribunal escogió una figura más benevolente, quitándole la calificación de “comercialización”, ya que consideró que el hallazgo de la droga ha sido fortuito, sin que haya existido una investigación previa en el marco de un sumario policial o judicial, como así tampoco seguimientos, observaciones o procedimientos de corte que permitan vincular la conducta del imputado con actividades propias de la comercialización de estupefacientes.
