Tras una audiencia celebrada en los Tribunales de Rafaela, el Juez Penal de 2da. Instancia, Matías Drivet, dispuso la libertad de una pareja, la cual está acusada de ingresar al depósito de un local céntrico con fines de robo.
Esa decisión se adoptó luego de una apelación presentada por la Defensa de ambos, representada por el Dr. Carlos Farías Demaldé, contra la calificación penal que impulsó la Fiscalía y que, a consideración del Tribunal, fue equivocada.
De acuerdo a la crónica que había publicado Rafaela Noticias en ese entonces en base a la acusación realizada por la Fiscalía, los acusados, acompañados de sus hijas menores de edad, forzaron las medidas de seguridad con las que contaba el portón del depósito y robaron varios electrodomésticos para luego huir en un automóvil.
Por ese hecho, la pareja fue acusada de robo calificado por ser cometido en lugar poblado y en banda y por la intervención de menores de edad.
En una audiencia convocada tras su captura, el Fiscal Guillermo Loyola había solicitado la imposición de la prisión preventiva de ambos, dada la gravedad del delito endilgado. Esa solicitud, fue avalada en parte por el Juez Nicolás Stegmayer, quien dispuso la prisión preventiva de Leandro L. mientras que Sabrina V. debía cumplirla en modalidad domiciliaria.
Una apelación contra una calificación penal “floja de papeles”
Tras la resolución adoptada por el Dr. Stegmayer a instancias de la presentación del MPA, la defensa de los imputados apeló la prisión preventiva, sosteniendo que las evidencias que la sostenían no coincidían con la calificación legal escogida.
Si bien no descartó que el hecho ocurrió, la apelación presentada por el Dr. Demaldé sostuvo que, a diferencia de la Fiscalía, quien sostenía que para cometer el robo los acusados rompieron unos precintos y sumaron a sus hijas al robo; no hubo una violencia desmedida sobre la puerta del depósito, sino que sólo fueron corridos unos pallets que trababan el ingreso. Asimismo, no pudo acreditarse la participación de las menores en el episodio.
Una prisión preventiva que no encuentra una “justificación razonable”
Ante los argumentos presentados por el reconocido penalista, el Juez Drivet, (a cargo de resolver la apelación), le dio la razón a su presentación, considerando que el carácter “esencialmente movible” de los pallets que trababan el ingreso, se contrapone con la consideración fiscal de que se usó la fuerza para violentar las medidas de seguridad del portón del depósito.
Así las cosas, consideró que se trataba más de un caso de hurto que de robo. Esa figura legal, por tanto, no contempla ninguno de los agravantes con lo que el MPA sostenía el pedido de prisión, a la que el juez consideró que no tenía una “justificación razonable”.
Tras hacer un repaso por la jurisprudencia que sustentaba su posición, y considerar que el hecho puede resolverse a través de la imposición de medidas menos restrictivas de la libertad, el Dr. Drivet dispuso la libertad de ambos acusados con la condición de que se sometan a una serie de medidas para garantizar el normal desenvolvimiento de la causa en su contra: como ser el fijar un domicilio, no portar armas, comparecer mensualmente ante la Fiscalía y no tener contacto con las víctimas de ningún.
Con la resolución judicial adoptada por Drivet, ambos acusados recuperaron la libertad, tras 4 meses encerrados por un delito (hurto) cuya pena mínima es de 30 días de cárcel; Es decir, pasaron más tiempo tras las rejas que el mínimo que establece el Código Penal.
¿Un caso reiterado?
Algunos operadores judiciales consultados por Rafaela Noticias al momento de redactar esta crónica, señalaron que no es la primera vez que ocurre un caso similar, donde la Fiscalía utiliza una calificación legal extrema para lograr la prisión preventiva.
Y pusieron como ejemplo el caso de los policías acusados de tortura en Sunchales o el emblemático caso Glaría, donde hoy todos los acusados se encuentran en libertad, al no haber evidencias sólidas para sostener la acusación.
