El juez Matías Drivet ha decidido desestimar los planteamientos presentados por la Defensa, lo que significa que Emanuel S. continuará en prisión preventiva extraordinaria. Además, se ha autorizado el uso de las Cámaras Gesell, que fueron tomadas en su momento a las víctimas, y se ha rechazado una solicitud de pericia de salud mental solicitada por la Defensa, tanto para las víctimas como para sus padres.

El pasado lunes, el Tribunal Unipersonal de Segunda Instancia, presidido por el Dr. Matías Drivet, ha confirmado la resolución de Primera Instancia que admitía la acusación presentada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Querella contra el acusado Emanuel S. Además, se ha aceptado la prueba presentada y no se ha modificado la prisión preventiva que había sido prorrogada por diez meses. Estos detalles han sido revelados por la Oficina de Gestión Judicial.

En la resolución se han tratado varios aspectos. En primer lugar, se han rechazado diferentes planteamientos relacionados con la acusación, considerando que se han cumplido los requisitos establecidos por el artículo 295 del Código Procesal Penal (CPP).

En segundo lugar, se ha considerado que la prueba aceptada no es excesiva (especialmente se había solicitado excluir a un único testigo presentado por el MPA). También se ha rechazado la crítica relacionada con la admisión de las pruebas anticipadas (Cámaras Gesell de las víctimas, tomadas en su momento); en este sentido, se ha permitido su uso siempre y cuando se mantengan las condiciones tenidas en cuenta para su producción adelantada en el momento del juicio oral y público.

"El Estado no puede, a través de rigurosidades formales, violar los estándares de respeto hacia personas vulnerables por su doble condición de mujeres y víctimas de delitos", ha fundamentado el Tribunal, citando precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En tercer lugar, en la misma resolución, se ha rechazado una solicitud de pericia de salud mental presentada por la defensa en relación a las víctimas y sus padres. Se ha expresado que "permitir o forzar un nuevo examen de las víctimas implicaría ilegítimamente tensionar los derechos reconocidos convencionalmente y, en consecuencia, incluso exponer al Estado a sanciones internacionales". Además, se ha considerado infundada la solicitud de la defensa.

Por último, se ha ratificado la medida cautelar vigente (la extensión extraordinaria de la prisión preventiva de Emanuel S. por un período de diez meses, según el artículo 227 del CPP). Se han remitido y reiterado los argumentos utilizados al analizar este tema específico.

Con esta resolución, el caso vuelve a la primera instancia, donde la Magistrada a cargo podrá dictar el Auto de Apertura de Juicio, lo que permitirá a la Oficina de Gestión Judicial fijar la fecha del juicio oral.