En una decisión adoptada por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, el Juez José María Escobar Cello condenó a Ana María Torres a 4 años y 6 meses de prisión más una multa que se acerca al medio millón de pesos. La condena se sustenta en los delitos de confabulación para el tráfico de estupefacientes y tenencia de drogas con fines de comercialización.
Torres, de 43 años y oriunda de Sunchales, llegó al banquillo de los acusados tras una investigación encabezada por la Fiscalía Federal de Rafaela, a cargo del Dr. Gustavo Onel.
De acuerdo con el fallo, al que accedió Rafaela Noticias en las últimas horas pero que había sido adoptado el pasado 10 de agosto, la condena contra Torres tuvo como principal elemento incriminatorios, dos allanamientos cruciales que se habían realizado en Sunchales, a unos 40 kilómetros al noroeste de Rafaela, cabecera del departamento Castellanos.
El primero de esos allanamientos fue realizado el 25 de julio de 2020 en el domicilio ubicado en avenida Hipólito Irigoyen al 1500 de esa ciudad; mientras que, el segundo procedimiento policial, se concretó el 20 de noviembre de 2021 en la residencia de calle Islas Malvinas al 300.
En las dos intervenciones, primero por parte de la Policía Federal y luego por la Agencia de Investigación Criminal, incautaron marihuana y cocaína fraccionada para la venta, teléfonos celulares, material para fraccionar la droga y demás elementos de interés para la causa.
¿Cómo descubrieron el negocio de Torres?
Las maniobras vinculadas al narcomenudeo de Torres fueron puestas a descubierto por dos circunstancias, en principio, llamativas.
Por un lado, respecto del allanamiento practicado en el mes de julio del 2020, la génesis se remonta a enero de ese año, cuando la Agencia de Seguridad Ciudadana y Vial de la Municipalidad de Sunchales (que tiene a su cargo la Guardia Urbana de Sunchales) aportó imágenes de video sobre actividades de tráfico de estupefacientes que se llevaban a cabo en la terminal de ómnibus de esa ciudad y en sus inmediaciones; y todo apuntaba a la hoy condenada.
El segundo allanamiento, por su parte, tuvo origen en agosto de 2021, y fue impulsado por denuncias anónimas presentadas en el denominado “Buzón de la Vida” y que señalaban la comercialización de drogas en varios domicilios de la localidad y que, nuevamente, apuntaban hacia Torres.
La sentencia del Juez Escobar Cello, además, incluyó un párrafo al hijo de la condenada, quien supo estar involucrado en la causa, luego de que un allanamiento le encontrara una planta de Cannabis en su domicilio.
Si bien no trascendieron mayores detalles, se supo que el joven, de 24 años de edad, había sido primero procesado sin prisión preventiva por el delito de confabulación para el tráfico de estupefacientes, aunque cuando la causa se elevó a juicio, el imputado logró un acuerdo de suspensión del proceso a prueba, es decir, evitó la pena a instancias de cumplir una serie de medidas de conducta.
