El Tribunal Oral Federal de Santa Fe falló contra Diego Gonzalo Galván (alias “Pelu”) y lo condenó a una pena de 4 años y 6 meses de cárcel más una multa superior al medio millón de pesos, luego de encontrarlo culpable de regentear un punto de venta de drogas en la ciudad de ciudad de San Cristóbal, a unos 110 kilómetros al norte de Rafaela.
El fallo, que lleva la firma del juez Luciano Lauría, llega luego de una investigación a cargo de la Fiscalía Federal de Rafaela (a cargo del Dr. Gustavo Onel y el Fiscal Adjunto Federico Grimm), que inició en 2021 cuando un informe de la División Regional Operativa XIII “San Cristóbal” de la Agencia de Investigación Criminal, alertaba de un “kiosco” de estupefacientes ubicado en la calle Belgrano al 100 de la urbe sancristobalense, regenteada por Galván.
Las pesquisas para desbaratar el negocio narco criminal demandaron un trabajo de unos 5 meses, entre octubre del 2021 y marzo del 2022, en el que los detectives de la A.I.C. registraron las maniobras ejecutadas por “el Pelu” en la puerta del inmueble con personas que concurrían por un breve lapso, hacían un “pasamanos” y luego se retiraban del lugar, en una operatoria típica de la venta de estupefacientes al menudeo.
Las pruebas colectadas le dieron sustento a la hipótesis fiscal, permitiendo que el allanamiento practicado el 12 de marzo de 2022 arrojara como resultado el secuestro de casi medio kilo de marihuana, parte de la cual estaba enterrada en el patio de la vivienda investigada.
Un largo proceso judicial
El proceso para condenar a Galván, de 32 años de edad, empezó el 25 de marzo de ese año, cuando el Juzgado Federal de Rafaela lo procesara con prisión preventiva como presunto autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
El 30 de mayo, dos meses después de su procesamiento, el fiscal federal requirió la elevación a juicio, recayendo el expediente en el despacho del Juez Lauría.
Sin embargo, antes de llegar a un juicio donde podría enfrentar una pena de hasta 15 años de cárcel, Galván acordó con la fiscal auxiliar María Florencia Álvarez y llegó a una condena menor.
