En marzo del 2021, la sociedad rafaelina se conmocionaba luego de que la Justicia determinara que había “elementos de convicción suficientes” para considerar que Emanuel S. había abusado de dos sobrinas cuando éstas eran menores de edad.
En esa jornada, el Juez de I.P.P Javier Bottero había resulto dictar la Prisión Preventiva contra el imputado, dándole entidad a la acusación fiscal y dejando una frase para la posteridad en cuanto a casos de abuso se refiere: “Es una postura misógina el no creerle a las víctimas”, había dicho el magistrado, luego de argumentar que no era “lógico” pensar que dos adolescentes pergeñarían un relato incriminador contra su tío, a sabiendas que luego tendrían que someterse a invasivos estudios médicos y psicológicos.
Desde entonces, el acusado se encuentra privado de su libertad, y su Defensa ha intentado en varias oportunidades que se morigere su situación procesal. Entre las principales argumentaciones que esgrimían, se encontraba la de sostener que las acusaciones de las víctimas se trataban de un engaño, así como impulsar que, hasta el momento, las resoluciones adoptadas en contra de su pupilo estaban cooptadas por la “Ideología de Género” e incluso, habían intentado apartar al Juez de la causa, el Dr. Javier Bottero, argumentando que no habría sido imparcial.
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Sin embargo no prosperó la estrategia, pese a la presión mediática y social generada en torno al resonante caso, que incluyó sendos editoriales periodísticos y marchas frente a los Tribunales; y que incluso fue denunciada por varias organizaciones en un comunicado titulado “La Justicia es para las víctimas o La impunidad nos pone en riesgo a todas”, donde los firmantes aseguraban que “A partir de una estrategia sostenida por distintos medios, se está intentando presionar al Poder Judicial para que descrea de las víctimas y favorezca a acusados que tienen vínculos de poder muy importantes en nuestra ciudad y en la región”.
Para la Justicia, hay “elementos de convicción suficientes para sostener su probable autoría”
Al igual que ocurrió a lo largo de todo el proceso judicial, la Justicia sigue manteniendo su postura en cada uno de los fallos que adopta en el caso: En una resolución adoptada en las últimas horas, rechazó una nueva apelación al encierro presentada por la Defensa y confirmó que Emanuel S. continúe otros 10 meses tras las rejas, a la espera del juicio en su contra.
De acuerdo con el documento que trascendió, se rechazaron diversos planteos de arbitrariedad realizados por la defensa: “Ninguno tenía el sustento necesario como para hacer lugar a un planteo de nulidad de lo resuelto y que no se habían afectado garantías del imputado” sostuvo el Juez de Segunda Instancia, Matías Drivet.
Del mismo modo, Drivet, al igual que Bottero en instancias anteriores, consideró que continuaban presentes los dos presupuestos para el mantenimiento de la prisión preventiva (elementos de convicción suficientes para sostener su probable autoría y la expectativa de una pena privativa de libertad de efectiva ejecución) y los fundamentos de la misma (peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio).
Se evaluó en la resolución también que la medida cautelar resultaba “necesaria”, “razonable” y “proporcional”, además de tener un “abordaje profesional de los relatos y la situación de las víctimas”.
¿Emanuel S., a las puertas del juicio?
En la resolución que el Juez Matías Drivet firmó luego de una audiencia celebrada el pasado 17 de mayo, se recordó que la situación procesal de Emanuel S. ya había sido analizada en cuatro oportunidades por dos jueces de primera intancia distintos, y que esta era la segunda oportunidad que la situación cautelar era valorada en segunda instancia.
Esta extensión extraordinaria de la prisión preventiva, considerando que ya se había presentado la acusación y que se había celebrado ya la Audiencia Preliminar, deja el caso al borde del debate oral, teniendo en cuenta que ya se cumplieron los dos años que la Ley establece para juzgar a una persona. Aunque esto se confirmará en próximas audiencias.
