El Consejo Interuniversitario Nacional se reunió en el contexto de su 90° Plenario de Rectoras y Rectores en la Universidad Nacional de San Luis. Allí se trató el proyecto presupuestario para el 2024 del sistema de educación superior argentino. Además, se aprobaron dos declaraciones: una en defensa de la educación pública y otra en la que se ratifica la importancia de profundizar reformas en las carreras universitarias.

Con la presencia del Ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, las máximas autoridades universitarias del país arribaron a un consenso sobre la metodología para la formulación presupuestaria 2024 que busca garantizar el sostenimiento del sistema universitario.

Enrique Mammarella, rector de la Universidad Nacional del Litoral, explicó que el proyecto de presupuesto 2024 no contiene una cifra fija como años anteriores, sino que se aprobaron una serie de variables entre las que se encuentran aspectos como las paritarias, la actualización de gastos de acuerdo con la inflación proyectada.

"Para el nuevo presupuesto se aprobó una pauta mínima, que garantice al menos el mismo nivel de funcionamiento que este año, previendo el efecto combinado de la inflación y del valor de la moneda, a la vez que prever los fondos necesarios para dar continuidad a los programas y planes de obra en marcha", afirmó Mammarella.

En los próximos días, el presupuesto al que las universidades aspiran será presentado a la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación Nacional, para que sea incluido en el proyecto de Ley que el gobierno nacional presentará ante el Congreso buscando su aprobación.

"Lo que le pedimos al gobierno es que cuando lo eleve tenga en cuenta todas esas consideraciones. Al igual que hay una consideración en el Congreso que toda modificación después de la fecha en la que eleve el Ejecutivo el presupuesto hasta el momento que se apruebe, tiene que ser considerada para incrementar ese presupuesto", mencionó el rector de la UNL.

Variables económicas

En relación a los criterios que se acordaron, Mammarella dio detalles del proceso técnico que se consideró para elaborar la formulación presupuestaria.

"El armado requirió tener en cuenta el presupuesto del año pasado, la decisión administrativa de enero (reasignación de partidas para algunas universidades) y la consolidación de programas que estaban debajo de la línea en la planilla. También se consideró la incorporación de paritarias que todavía no están cerradas, actualizar los gastos de funcionamiento en función de la inflación y contemplar un refuerzo para mejorar las asimetrías del sistema".

Sin embargo, el rector explicó la dificultad de establecer un número concreto. "Todas las variables dan un número complejo que aún así no es final, porque por ejemplo todavía está abierta la negociación paritaria con los docentes y los no docentes que es posible que requieran una ampliación del crédito para salarios".

En esa línea, señaló la importancia de contemplar los créditos para dar continuidad al plan de obra universitario: "Todos tenemos obras que tienen que seguir continuándose, pagándose el año que viene, porque se dan en el marco de un plan plurianual".

Rediseño académico

El pleno de autoridades del sistema universitario público aprobó la firma de dos declaraciones. La primera de ellas, da mandato a los representantes del CIN ante el Consejo de Universidades y ante toda otra instancia necesaria para que se concreten las políticas públicas de actualizar el sistema de educación superior en torno a lo que se denominan "siete puntos" estratégicos.

En el documento, se destaca el compromiso de sostener y profundizar la reconfiguración de las opciones pedagógicas (presencial y virtual) y también la revisión de la distancia entre la duración teórica y real de las carreras, con la posibilidad de otorgar créditos académicos para permitir el reconocimiento de trayectos formativos.

"Son de vital importancia la generación de créditos académicos que contemplen la complejidad del sistema universitario argentino, que sean potenciadores de los procesos de articulación entre niveles, de flexibilización e incorporación de otras experiencias formativas, en diálogo con la internacionalización, la movilidad y el reconocimiento de trayectos", señala el escrito.

Además, las autoridades académicas se comprometieron a avanzar con el fortalecimiento de la internacionalización, la curricularización de la extensión y la certificación de las carreras según el artículo 42 de la Ley de Educación Superior.

Gratuidad en el acceso

El segundo documento, titulado "Declaración de San Luis", propone un llamado "a ratificar lo construido y a seguir avanzando en el desarrollo en una educación universitaria pública para todas y todos".

En el texto indican la importancia de la gratuidad y la universalización en el acceso. "Hoy todas las provincias cuentan con universidades públicas autónomas, democráticas, no aranceladas, que garantizan el derecho a la educación superior de toda persona que desee estudiar, formarse profesionalmente y construir su proyecto de vida. También, a quienes provengan de otras latitudes, América y otras partes del mundo", expresaron.

"La educación es un derecho humano universal y un bien social que debe ser garantizado por políticas públicas. La educación no puede ser dejada en manos del mercado, no puede ser un negocio para pocas o pocos. La educación forma mujeres y hombres en valores democráticos y universales, que prepara para su inserción en el sistema productivo, en el tejido social, para contribuir al desarrollo y al crecimiento inclusivo de nuestra Nación", agregan.

Rechazo a la propuesta paritaria

El plenario de secretarios generales de Conadu Histórica definió por votación rechazar la última oferta de actualización salarial ofrecida por el gobierno nacional de un 10% de aumento para el mes de septiembre sobre el salario consolidado de agosto y una nueva revisión en octubre.

La última suba se había acordado en el mes de junio para el siguiente trimestre. En aquella oportunidad se logró un 31% de aumento en tres cuotas: 8% en junio, 12% en julio y 11% para el mes de agosto.

Si bien las restantes federaciones aceptaron la propuesta del gobierno nacional, no lo hizo la Conadu Histórica que integran 21 asociaciones de base, entre ellas la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral (Adul). Tampoco aceptó la propuesta la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (Coad).

Por otra parte, la ConaduH ratificó la convocatoria para este jueves 14 a la Jornada Nacional de Lucha en Defensa de la Universidad Pública, la Ciencia y la Tecnología Nacional, el salario y demás reivindicaciones docentes, con actividades de visibilización.