El déficit fiscal primario del primer semestre alcanzó el 1,11% del Producto Bruto Interno (PBI) por lo que aumentó 16,7% en términos reales respecto del año pasado, según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). El resultado fue producto de una caída real de los ingresos del 8,8% y de una baja del 6% de los gastos.

Es evidente que la mayor parte de la merma de recursos es producto de la sequía, que impactó sobre todo en las retenciones a las exportaciones. Pero además, el año pasado el gobierno pudo computar, con autorización del Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta el 0,3% del PBI de “rentas de la propiedad”, que este año no están.

Todos esos elementos están sobre la mesa en las negociaciones con el FMI que mantienen Gabriel Rubinstein y Leonardo Madcur con el chileno Rodrígo Valdés. Según sostienen consultores privados, el camino lógico para continuar la relación sería relajar la pauta del déficit de este año del 1,9% del PBI al 2,4% o 2,5%, lo que implica de todos modos un considerable esfuerzo fiscal para 2023. Aunque el Fondo exigía una contracción mayor.

En junio el quebranto del Sector Público Nacional escaló a $611.743 millones, lo que implicó que se duplicara respecto del promedio mensual entre enero y mayo. Es probable que tal salto se explique por la cancelación de deuda flotante. Es algo similar a lo ocurrido en enero, mes que estacionalmente tiene bajo déficit o superávit, pero que este año tuvo un rojo de casi $204.000 millones. En diciembre y noviembre el gobierno había postergado pagos para poder lograr la meta.

“El déficit primario acumulado ascendió a 1,11% del PBI. Respecto a igual periodo de 2022, implica un aumento de 0,14 puntos porcentuales. Los intereses de deuda acumularon un aumento interanual real del 27,7%. En términos del PBI ascendieron a 0,8%”, señaló el IARAF.

El impacto de la sequía no solo se mide en la pérdida de recaudación. Como también se disponen de unos u$s20.000 millones menos, también hay menor disponibilidad de divisas para importar. Se estima entonces que entre la caída de los ingresos por retenciones y por aranceles de importaciones, la merma sería este año del 1% del PBI. Además, hay una caída de los ingresos de la AFIP porque frena la actividad. Según estimaciones de la consultora Equilibra, en el primer semestre habría una merma del 1,8%. En junio el EMAE se habría contraído 4%. De ese modo, el crecimiento del 1,3% del primer trimestre se habría perdido todo con la caída del segundo.

GMA Capital señala que si bien una parte del rojo fiscal del segundo trimestre fue un arrastre del primero (el rojo había sido de $690.000 millones y la meta establecía $442.000 millones), el ajuste en las erogaciones no fue suficiente para contener la caída en los ingresos del fisco. Si se compara la evolución del primer semestre de este año con relación al mismo período de 2022, los ingresos recortaron 25,6% real, mientras que el gasto cedió 22,3%.

El acuerdo con el FMI establecía un tope de déficit primario de $1,18 billones para el primer semestre del año. No obstante, dicho límite fue superado por $700.000 millones o por un 59%. Así, se incumplieron las tres metas fundamentales, ya que las reservas netas cerraron u$s10.000 millones por debajo de lo que apuntaba el target, y la asistencia monetaria directa fue $297.000 millones excedente a la permitida.

GMA Capital sostiene que “más allá de este detalle, lo central es que el déficit acumulado en lo que va de 2023 resultó ser mucho mayor al establecido en los objetivos” y que eso fue así “en gran medida porque los efectos de la sequía no fueron compensados por un recorte aún más severo en las erogaciones”.